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Analizamos las medidas que las comunidades autónomas tomarán para poner en marcha sus centros educativos en el retorno a la “nueva normalidad”.

Como conocimos el lunes, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia, Castilla y León y algunos territorios de Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía tendrán que volver a presentar solicitar su entrada en la fase 1. En lo tocante a asuntos educativos ninguna de ellas ha podido dar el pase previsto para esta fase en el que los centros tendrían que reabrir sus centros educativos para desinfección, reacondicionamiento y, también, para todo lo tocante a la administración de los centros.

El problema de esta desescalada dentro de la desescalada, a efectos prácticos, es que si ya el panorama educativo se encontraba con un escenario diferente por cada comunidad autónoma desde que se les entregaron todas las competencias de educación, ahora nos encontramos con que, incluso, en algunas de ellas –que tienen zonas ya en fase 1- van a tener escenarios cambiantes, hasta dentro de las propias provincias.

El País Vasco había anunciado, que a principios del mes de mayo los alumnos de bachillerato, ESO y FP volverían a las aulas el 7 de mayo -un día antes de cuando los pensaba reincorporar Andalucía- pero ha abandonado esos planes al entender que la región no está preparada para una vuelta, ni siquiera escalonada, por eso ha pedido a los propios centros educativos que decidan sobre la fecha de incorporación de sus alumnos.

Por ahora, y eso sigue vigente, las universidades no abrirán sus clases y ya se baraja la posibilidad de que no lo hagan hasta que comience el nuevo curso. Esto en lo tocante a las universidades públicas, claro, que también abrirán sus laboratorios para investigación en caso de que la Comunidad Autónoma donde se encuentren pase la Fase 1.

Cuando alcancen la fase 2, las CCAA podrán celebrar las pruebas de acceso a la universidad aunque, por ejemplo, Cataluña ha previsto que se harán en los centros de bachillerato –ya desinfectados- y no en la universidad como se acostumbra. Andalucía anunciaba que formará una comisión de expertos para saber qué va a hacer con estos exámenes de acceso.

Para el resto de comunidades, los colegios e institutos ya se han abierto para el personal docente –que en este momento tendrá que poner a punto administrativamente los centros- y para el personal no docente que se encargará de la limpieza.

Las comunidades en fase 1 que pasen a fase 2 podrán incorporar alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP media y superior, podrán acudir a clase en grupos inferiores de 15 alumnos. También se abrirán los centros de educación especial y los alumnos de 0 a 6 años en caso de que ambos progenitores trabajen.

Todavía no hay una directriz del ministerio de educación o las diferentes consejerías sobre la forma de llevar a cabo esta reincorporación, mínima, del alumnado. Mucho menos cuando la titular de educación, Isabel Celaá, ya ha adelantado las intenciones del ejecutivo para el próximo curso, sin la existencia de una vacuna, podría suponer que no todos los alumnos podrían incorporarse a la vez.

A la espera de que las consejerías de educación analicen la situación de sus respectivas comunidades autónomas y diseñen los planes más adecuados la ministra ya ha adelantado que un 50% de los alumnos podrán recibir clase de forma presencial mientras que el otro 50% permanecerán en casa recibiendo educación telemática.

Si se estableciera un sistema de turnos como el que existía en los institutos de bachillerato o las facultades con más número de alumnos, allá por los 70 y los 80, las consejerías educativas tendrían que asumir la contratación de un mayor número de docentes para cubrir clases que se celebrarían de forma presencial en horario de mañana y tarde (algo posible para los grados superiores e imposible para primaria).

Aragón, sin embargo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar el plan del gobierno y permitir que en su territorio puedan incorporarse también los alumnos de primaria (6 a 12 años) además de los de educación infantil y en las mismas condiciones: solo si los padres pueden acreditar que ambos trabajan. Extremadura también ha preguntado sobre la posibilidad de ampliar esta norma y poder aplicársela. En general, las CCAA han manifestado su desacuerdo con la norma que impide la incorporación de los alumnos de primaria.

Los docentes de Baleares, tanto de los centros públicos como de los concertados, se oponen a la reincorporación planteada para el 25 de mayo. Aduciendo la necesidad de un mayor control sanitario y de una desinfección más profunda de los centros, así como de la imposibilidad, según ellos, de controlar el distanciamiento de los alumnos más pequeños, el profesorado balear preferiría terminar este curso de forma no presencial y arrancar el 20/21 con más garantías.

Madrid, que todavía está en Fase 0, seguramente optará por lo que ya anunció el Consejero de Educación Enrique Ossorio y querrá que los centros permanezcan cerrados hasta el próximo curso.

La consejería madrileña quiere que se entienda este último trimestre como “de valor académico” y declarar el aprobado general para reiniciar el próximo curso. Para ello ha intentado mantener este frente abierto en las reuniones de presidentes autonómicos celebradas hasta la fecha con el gobierno central.

Tras la aprobación de la última extensión de la prórroga del Estado de Alarma también es interesante recordar que el gobierno sigue en vilo ante la presentación de una nueva extensión de un mes que pudiera no encontrar esta vez los apoyos necesarios. En ese caso se tendrá que tener en cuenta un escenario que contemplaría la puesta en marcha de las leyes de Sanidad Pública, Protección Civil y Seguridad Nacional.

Las comunidades autónomas, en este nuevo escenario, tendrían que hacer una nueva evaluación de la situación y tomar decisiones que, por el momento, no han sido contempladas por ninguna de las administraciones.

Los retrasos actuales y los que se pueden producir en fechas próximas hacen muy difícil predecir una ruta firme. En ese sentido el único ejecutivo autonómico que dice haber contemplado todos los escenarios posibles y contar con un plan A, B, C y D es el valenciano que, sin embargo, no ha querido exponer públicamente estas medidas para no provocar incertidumbre en la población. 

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