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Emprendedores 18 Nov 2019

Doing Business: España se mantiene en el puesto 30 con mejoras para los inversores

La clasificación global mide diez parámetros, entre ellos, la facilidad que tienen los empresarios para abrir un negocio.

España mantiene sus posiciones en Doing Business 2020, un ranking global que clasifica los países en función de la facilidad para hacer negocios en ellos y que coloca a nuestro país en la posición 30. Con ello, España se mantiene estable en relación con el año anterior, cuando perdió una posición al descender del puesto 28 a la trigésima posición.

Aunque la situación política que vive el país no ha permitido grandes reformas, este año el estudio -que elabora el Banco Mundial- destaca el paso que ha dado España para aumentar la protección de los inversores minoritarios (con una puntuación de 72 sobre 100). Desde el Ministerio de Economía y Empresa atribuyen esta mejora a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en diciembre de 2018.

Los otros dos parámetros que también mejoran ligeramente respecto al año anterior -una décima- son el pago de impuestos y la resolución de insolvencias, con 84,7 y 79,2 puntos respectivamente. Junto a la facilidad para el comercio transfronterizo o el cumplimiento de contratos, forman parte de los parámetros que contribuyen al atractivo de España como economía en la que poner en marcha un negocio.

Por el lado contrario, la apertura de un negocio y la obtención de crédito continúan siendo los dos principales escollos a superar. Aunque en el primer parámetro España obtiene 86,9 puntos, la comparación con el resto de países le relega a la posición 97 en la clasificación global.

Abrir una empresa en nuestro país es un proceso pendiente de agilizar. De media, el empresario/a tardará 12,5 días en inscribir su compañía, un proceso que implica un mínimo de siete procedimientos. Al compararlo con Alemania, Holanda, Francia o Portugal -países que también destacan por sus ecosistemas de startups-, la diferencia en término de agilidad es evidente.

La necesidad de agilizar trámites burocráticos es la demanda estrella de los emprendedores del país. A esta se unen el acceso a la financiación y una mayor flexibilidad en la contratación de empleados. En relación con este último punto, el Banco Mundial puntualiza que “la estricta legislación de protección del empleo configura los incentivos de las empresas para entrar y salir de la economía, lo que a su vez tiene implicaciones para la creación de empleo y el crecimiento económico. Al diseñar leyes laborales, específicamente aquellas que regulan la contratación, la programación del trabajo y la redundancia, las autoridades deben evaluar el impacto en las empresas”.

Los programas electorales de los cuatro principales partidos políticos del país también recogen medidas relacionadas con los tres puntos mencionados. El Partido Popular, por ejemplo, propone una reforma fiscal para inversores en startups y para las compañías de alta innovación tecnológica; mientras que Unidas Podemos aboga por frenar la uberización de la economía. Ciudadanos también apuesta por mayores incentivos fiscales, y el PSOE defiende la creación de la figura jurídica de la startup digital, orientada a simplificar la burocracia y las cargas administrativas.