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El INE ha cerrado un acuerdo con las tres mayores operadoras para que estas les cedan datos anonimizados de los usuarios de ocho días concretos.

España quiere ser pionera en el uso de big data por parte del sector público. El Instituto Nacional de Estadística (INE) se propone usar la información que aportan los móviles para tratar de comprender los hábitos de movilidad de los ciudadanos. El instituto ha cerrado un acuerdo con las tres mayores operadoras (Movistar, Vodafone y Orange) para que estas les cedan datos anonimizados de los usuarios de ocho días concretos, cinco en noviembre (lunes a viernes), uno en diciembre (Navidad) y dos el próximo verano (vacaciones estivales). En Holanda se había conducido ya un experimento de este tipo, pero con datos de menos habitantes.

El objetivo del INE es saber cuántos ciudadanos se desplazan a diario de un municipio dormitorio a una ciudad, cuánta gente vive cerca del trabajo o cómo fluctúa el tráfico en puntos concretos. La correcta gestión de los desplazamientos dentro de las urbes es, de hecho, uno de los pilares del despliegue de las ciudades inteligentes, tal y como concluyeron los expertos reunidos en el Future Trends Forum sobre ciudades disruptivas. Esa información, que hasta ahora se trataba de obtener mediante encuestas (con un equipo de de 50.000 encuestadores y un presupuesto de 150 millones de euros), costará 500.000 euros y se usará para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos. 

Hay quien opina que esos datos deberían ser cedidos de forma gratuita al organismo público en tanto que se dedicarán a elaborar estadísticas de carácter estatal, cuya información sirve a todos (también a las propias operadoras), y porque los datos que estas ceden han sido obtenidos a su vez gracias a una concesión pública.

Seguidos con lupa

La noticia generó debate en las redes sociales. Las tres operadoras en cuestión han recibido solicitudes de clientes que exigen que los datos de sus movimientos no sean cedidos al INE. Lo cual no tiene demasiado sentido, porque dichos datos se proporcionarán anonimizados (se sabe el desplazamiento que ha realizado el terminal, pero no de quién es) y agregados (se ofrece la suma de los datos de varios individuos juntos), con lo que deducir la información personal de los usuarios se convierte en una tarea extremadamente difícil (siempre es mejor evitar el uso de la palabra imposible). Lo que hace el INE es legal precisamente porque emplea datos agregados y anonimizados.

Quienes aún así no queden satisfechos por estas garantías de seguridad y lo consideren un asalto a su privacidad deben saber que esta se ve vulnerada a diario. Varias veces. Y con fines comerciales. Solo con clicar en la noticia en la que se informa uno de que el INE usará sus datos se está aceptando entre 100 y 200 cookies cuya función es identificarles (en este caso personalmente) para sacarles dinero. El microtargeting es lo mejor que le ha pasado al marketing en lo que llevamos de siglo.

Aunque mayoritarias, las aplicaciones comerciales del procesamiento de datos de los móviles no son las únicas. Al experimento del INE u otros casos similares conducidos por el Gobierno de España pueden sumarse muchos más cuyo fin último (declarado) es el bien público. La ONU, por ejemplo, ya toma decisiones de despliegue de recursos en áreas catastróficas basándose no en los censos, que a menudo están desactualizados, sino en la densidad de conexiones a las antenas a las que se conectan los móviles de la gente.

Siempre hay alguien que está peor

La seguridad completa no existe. Las dudas acerca de la salvaguarda de nuestra privacidad en el caso del estudio del INE, aunque parece que en este caso son exageradas, se inscriben en la creciente concienciación pública sobre el uso que se hace de nuestros datos. Eso está bien, no hay que bajar la guardia. Pero los chinos, cuya vida está monitorizada casi al 100%, o los kazajos, que para usar sus móviles deben descargar un “certificado de seguridad” que rastrea y registra su actividad, pagarían por tener nuestro problema.

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