La infraestructura de innovación: cómo las oficinas de transferencia y nuevos fondos públicos están impulsando el deep tech en España

En los últimos años, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (TTO, por sus siglas en inglés: Technology Transfer Offices) se han consolidado como un elemento esencial dentro del ecosistema de innovación español. Su función principal consiste en actuar como puente entre la investigación científica y el tejido productivo, facilitando que los resultados generados en universidades y centros públicos se transformen en productos, servicios y empresas con impacto real en la sociedad.

Estas oficinas no son una novedad reciente. Su origen en España se remonta a finales del siglo pasado, cuando comenzaron a institucionalizarse como nodos estratégicos para canalizar la transferencia de conocimiento. En la actualidad, operan en prácticamente todas las universidades públicas y en muchos centros tecnológicos, desempeñando tareas clave como la gestión de patentes, la protección de la propiedad intelectual, la negociación de licencias tecnológicas y el acompañamiento en la creación de spin-off académicos. También participan activamente en redes regionales y foros sectoriales, como el Tech Transfer Day impulsado por Biocat en Cataluña.

El papel de las TTO es aún más relevante en el contexto del deep tech, un ámbito que engloba tecnologías basadas en avances científicos disruptivos con alto potencial transformador, como la inteligencia artificial, la biotecnología, los nuevos materiales, la computación cuántica o el espacio. En estos sectores, el camino desde la prueba de concepto hasta la aplicación comercial es especialmente complejo, largo y costoso, lo que hace indispensable el apoyo institucional tanto en términos de financiación como de acompañamiento técnico y legal.

España cuenta con 1.210 empresas consideradas spin-off deep tech. Estas compañías generan más de 2.000 millones de euros anuales y emplean a más de 12.000 profesionales altamente cualificados. El 55 % de estas empresas se concentra en Cataluña y Madrid, y los sectores más representados son la salud, las tecnologías digitales, la industria 4.0 y la energía.

Fondo Innvierte Deep-Tech Tech Transfer

En este contexto de maduración del ecosistema, el Gobierno de España lanzó en mayo de 2025 un nuevo instrumento financiero de gran envergadura: el fondo Innvierte Deep-Tech Tech Transfer. Presentado oficialmente en Valencia por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, este fondo nace de la colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que aporta 300 millones de euros, y el Fondo Europeo de Inversiones (EIF, por sus siglas en inglés), que suma otros 53 millones. En total, el fondo moviliza 353 millones de euros para potenciar el desarrollo y la comercialización de tecnologías deep tech nacidas en el entorno científico español.

El objetivo del fondo es claro: transformar el conocimiento generado en universidades y centros públicos en empresas viables y sostenibles. Para lograrlo, se seleccionarán gestores profesionales de fondos especializados, que actuarán como vehículos para canalizar recursos públicos y privados desde las fases más tempranas del desarrollo tecnológico —como la pre-semilla o el proof of concept— hasta la entrada en mercado. Estos gestores serán seleccionados por el EIF bajo criterios de experiencia en transferencia tecnológica e inversión de riesgo, asegurando así una gestión rigurosa y orientada a resultados.

Innvierte Deep-Tech Tech Transfer busca también reforzar las capacidades internas de las TTO, proporcionando recursos y estabilidad para que puedan profesionalizar sus estructuras y ampliar su impacto. Esta colaboración directa entre gestores financieros, oficinas de transferencia e investigadores promete reducir el llamado “valle de la muerte” de la innovación, ese tramo crítico en el que muchas tecnologías prometedoras se quedan sin financiación o acompañamiento para dar el salto al mercado.

La puesta en marcha del nuevo fondo refuerza las capacidades del CDTI, que en 2025 gestionará casi 2.000 millones de euros entre subvenciones e inversiones. Solo para iniciativas vinculadas a sectores prioritarios —como biotecnología, inteligencia artificial, transición energética o economía del espacio— se prevén 800 millones de euros adicionales a través de vehículos de co-inversión. El fondo Innvierte Deep-Tech Tech Transfer se suma así a otras herramientas ya existentes, como el programa Misiones Ciencia e Innovación, los contratos de compra pública innovadora o el plan Innterconecta – Step, con el que deberá coordinarse para maximizar su impacto y evitar solapamientos.

Buenas prácticas en las Universidades españolas

Algunas universidades españolas ya han demostrado que es posible recorrer con éxito ese camino. Es el caso de la Universitat de València, cuyo Parque Científico alberga más de 80 empresas surgidas de la investigación académica. Su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) ha sido clave para crear un entorno de colaboración entre científicos, emprendedores e inversores. También la Universitat Rovira i Virgili, en Tarragona, ha destacado por su enfoque multisectorial, articulando centros como el CITEE y EMAS, que combinan asesoramiento técnico, apoyo legal y espacios de incubación para nuevos proyectos.

En Cataluña, centros como el ICN2 (Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología) y el IBEC (Instituto de Bioingeniería de Cataluña) cuentan con unidades específicas para la valorización del conocimiento científico, mientras que en Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) actúa como alianza público-privada para impulsar la innovación aplicada en sectores estratégicos.

Los retos que enfrenta esta nueva etapa del ecosistema de la innovación español no son menores. Por un lado, será fundamental asegurar la formación y profesionalización de los gestores de fondos, capaces de atraer co-inversores privados con visión a largo plazo. Por otro, se necesitará una gobernanza eficaz entre administraciones, universidades y agentes intermedios para alinear objetivos y simplificar procedimientos.

Además, será necesario establecer indicadores claros para evaluar resultados: número de licencias otorgadas, empresas creadas, ingresos por transferencia o volumen de inversión privada movilizada. Si estos desafíos se abordan con decisión, España tiene la oportunidad de consolidarse como una economía del conocimiento competitiva, capaz de generar innovación con valor añadido y autonomía estratégica.